Sociedades
comerciales y entidades civiles tienen declarados entre sus miembros a personas
fallecidas. El número alcanzaría a 22.000. El organismo dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se encuentra analizando
los casos para determinar las sanciones y denuncias que formulará. La
información surge a partir del cruce de datos que efectuó la IGJ con el Sistema
de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Producto del trabajo coordinado y de intercambio de
información que la Inspección General de Justicia lleva adelante con el Sistema
de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), logró corroborar que
22 mil personas fallecidas forman parte de directorios y consejos de
administración de distintas entidades, que se encuentran activas en los
registros del organismo.
Como consecuencia de esta fiscalización, la IGJ
determinará el tipo de sanción que aplicará en cada caso, que podrá ir desde
una multa, al pedido de nulidad de inscripción y hasta la radicación de una
denuncia penal.
Desde el organismo explicaron que la gravedad de los
casos varía, dependiendo de si el dato ha sido corroborado en alguna
presentación realizada con posterioridad al fallecimiento de la persona. Por lo
tanto, esa situación se ligará directamente al tipo de sanción que se decida
aplicar.
Cabe recordar que, en el marco del
reempadronamiento que llevó adelante la IGJ en 2011, el organismo ya multó a
entidades que declararon tener entre las autoridades con mandato vigente a
personas fallecidas. La sanción de mayor gravedad fue impuesta a una asociación
que declaró que la persona a cargo de la
tesorería se encontraba en funciones, cuando en realidad ésta había fallecido
en octubre de 2010.
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